SUELDO MÍNIMO QUEDÓ EN $182.000 TRAS APROBACIÓN DEL VETO PRESIDENCIAL QUE REPUSO EL REAJUSTE DE 5,8%

Posted on julio 13, 2011

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No obstante, durante la discusión del proyecto quedaron de manifiesto las discrepancias entre gobierno y oposición sobre el monto del incremento y la desigualdad que existe en la distribución del ingreso.

La Sala del Senado aprobó por 17 votos de los legisladores de la Alianza e independientes el veto presidencial que repuso el reajuste del salario mínimo en 5,8%, situándolo en $182.000, a contar del 1 de julio.

Con ello, la iniciativa quedó en condiciones de ser promulgada como Ley de la República, ya que previamente la Cámara de Diputados también había aprobado el veto presidencial.

Durante el debate intervinieron los senadores Eduardo Frei Ruiz –Tagle, Jovino Novoa, Andrés Zaldívar, Camilo Escalona, Carlos Bianchi, Alejandro Navarro, Isabel Allende, José García Ruminot, Eugenio Tuma, José Antonio Gómez, Ricardo Lagos Weber, Carlos Cantero, Jaime Quintana y Pedro Muñoz.

Cabe recordar que la Comisión Mixta de senadores y diputados que se constituyó para zanjar las diferencias sobre el proyecto de reajuste al ingreso mínimo, no logró acuerdo en torno a la última propuesta presentada por el Ejecutivo que dejó la cifra del salario mínimo en $182.000. Tras el rechazo, el Ejecutivo envió un veto al Congreso reponiendo su propuesta de 2,5% de reajuste real, sin considerar un nuevo incremento.

INGRESO MÍNIMO Y PYMES

El senador Frei dio cuenta del acuerdo adoptado en la Comisión de Hacienda donde el veto presidencial se aprobó con los votos de los senadores Jovino Novoa y Carlos Kuschel; mientras que él voto en contra. Aseveró que la discusión fue la misma, ya que el Ejecutivo no se abrió a incrementar el monto del reajuste para que fuera más cercano al 7% que es la variación que ha experimentado el denominado “IPC de los pobres”.

Lamentó que “no se haya dado una señal” para un mayor incremento y refutó que el monto de 5,8% de reajuste responda a consideraciones “meramente técnicas” porque la discusión que hubo en la Cámara fue política ya que accedió a aumentar dicho monto en $1.500.

A su turno, el senador Novoa expresó “su decepción” por haber llegado a la instancia del veto presidencial para tratar de otorgar un reajuste “nunca en los 20 años de la Concertación votamos en contra de la propuesta del Ejecutivo aunque pensábamos que se podría haber hecho un esfuerzo adicional”. Además pidió “considerar las dos caras de la moneda”, porque el reajuste lo pagan también miles de pequeñas empresas y recordó que, a contar del 1 de julio, las empresas de menos de 100 trabajadores tendrán que asumir además, el pago de los seguros de invalidez o sobrevivencia. 

En tanto, el senador Zaldívar indicó que “tanto la Comisión Mixta como el veto presidencial son parte de los trámites de la ley”. Podríamos haber evitado esas instancias llegando a un acuerdo pero no fue posible. Incluso, hablamos de una solución intermedia de 183 mil pesos que se acercara más al IPC de los pobres. “Es decir, la diferencia fueron mil pesos”.

En el mismo sentido, el senador Escalona expresó que la propuesta de elevación del salario mínimo que el Ministro de Hacienda hizo en el Senado fue “absolutamente marginal”. Asimismo, mencionó que el argumento de que un incremento mayor del salario mínimo perjudicaría a las pymes es una distorsión del sentido del ingreso mínimo desde el punto de “la ética social”  porque la idea es disminuir la brecha que existe entre la línea de la pobreza y este salario.

RESPONSABILIDAD DE TODOS

El senador Bianchi precisó que “esta es una responsabilidad de todos, un fracaso de una sociedad que no entiende que ninguna familia puede vivir con $182 mil pesos”. Expresó que la única opción es aprobar el reajuste propuesto por el Ejecutivo y por ello llamó a hacer “un mea culpa” y abordar estos temas de fondo, incluyendo la necesidad de regionalizar el sueldo mínimo.

A su turno, el senador Navarro reconoció que “no vamos a lograr ni un peso más de reajuste, pero al menos esta ocasión amerita abrir un debate de fondo sobre la distribución del ingreso y el salario ético. Chile tiene una pésima distribución del ingreso y, por lo tanto, el salario mínimo es una herramienta de mayor equidad”. Descartó las argumentaciones de los efectos negativos del reajuste sobre la demanda y la inflación y recordó que “el ex Presidente Lula da Silva quién sacó de la pobreza a unos 20 millones de brasileros, dijo en este mismo Congreso que primero hay que distribuir y luego crecer”.

La senadora Allende explicó que “obviamente que nadie quiere ser obstáculo para un reajuste de $10 mil pesos más que significa un incremento en el presupuesto de las familias más pobres”, pero “queremos dar una señal de protesta con el hecho de no votar. Le queremos decir al gobierno que no basta con seguir creciendo si no se distribuye esa riqueza. La gente está cansada de sentir que ellos son los que tienen que pagar todos los costos”.

El senador García Ruminot recordó que la Comisión asesora sobre salario mínimo concordó que el reajuste tenía que estar en torno al 4,4% y la propuesta del Ejecutivo fue más alta que esa recomendación, por sobre el 5% y luego en la Cámara de Diputados el Ejecutivo accedió a incrementar el monto en $1500 y, en el Senado, otros $500. Por ello, desestimó las críticas a la falta de diálogo y voluntad de negociar de parte del gobierno.

El senador Tuma aseveró que “el costo del salario mínimo no es el responsable de la situación de las pymes. Los problemas de este sector están en la falta de competencia en el mercado, las regulaciones y la imposibilidad de recibir créditos pagables desde el punto de vista de las tasas de interés”. Por ello, manifestó que “el tema del ingreso mínimo es más global y por eso este aumento propuesto por el gobierno no va a contar con mi voto”.

Por su lado, el senador Gómez, recordó que “siempre se habla de lo que puede significar el costo del salario mínimo para la economía y las pequeñas empresas pero siempre el tema se corta por lo más delgado que son los miles de chilenos que ganan el mínimo”, en áreas como la agricultura y el comercio.

El senador Lagos Weber aseguró que “esta es una discusión inútil  e inconducente porque tiene un solo lugar de destino: lo que quiere el gobierno de turno”. Por ello, instó al Ejecutivo a que “si cree que hay manera técnica de definir la cifra de incremento debería enviar el número al Congreso y no ceder, porque al hacerlo se transforma en una señal de negociación política”.

El senador Cantero hizo notar “la inconsecuencia” que existe detrás de esta discusión ya que “el aumento real de este año es de 2,5%, superior al 1,98% que entregó la ex Presidenta Bachelet en su último año de mandato y mayor al incremento promedio de 2,3% que tuvo el salario mínimo durante el periodo del ex Presidente Lagos”. En esa línea pidió “buscar una fórmula para definir el sueldo mínimo de forma más acotada o cambiar el concepto,  porque sin duda cuando se compara con lo que gana el quintil más alto de la población  genera repudio y un país de desigualdades”.

En tanto, el senador Quintana afirmó que “este reajuste no cumple las expectativas de las familias más vulnerables. Es un nuevo balde de agua fría a ese sector de la población donde el gobierno ha instalado una hiper focalización de sus discursos y políticas”. Advirtió que “existe una miopía y una sordera” frente a las demandas ciudadanas.

El senador Muñoz coincidió con su par porque “existe una fuerte demanda ciudadana que sale a expresar su disconformidad y molestia frente a un modelo de sociedad y de economía que ya no cumple con sus expectativas”.  Agregó que “lo que nos interesa es cómo nuestro país puede resolver los bolsones de injusticia social y los problemas en educación, salud y empleo”. 

Finalmente, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín destacó que si bien “nos gustaría avanzar a un reajuste superior a los $10 mil pesos en el ingreso mínimo, tenemos que cuidar el doble efecto que se produce en la economía con el aumento del poder adquisitivo y las posibilidades de mantener un empleo”. Recordó que esta es una ecuación que han debido hacer todos los anteriores Ministros de Hacienda.

 

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